UNA JUSTICIA QUE ENTIENDA A LAS PERSONAS.

En la Ciudad de México estamos a las puertas de una decisión que no ocurre todos los días: elegir a quienes impartirán justicia penal. Y aunque suene lejano o complicado, esta elección nos toca más de lo que parece. Porque cuando hablamos de justicia, en el fondo estamos hablando de vidas reales, de historias que necesitan respuestas claras, de procesos que no deberían tardar años, de decisiones que deben mirar a las personas, no solo a los expedientes.

Por mucho tiempo, se nos ha hecho creer que los sistemas judiciales son cosa de expertos, que solo los abogados pueden opinar, y que la gente común no tiene por qué entender cómo funciona todo eso. Pero ya no es momento de aceptar eso como normal. La justicia penal debe cambiar. Y para lograrlo, no basta con ponerle un nuevo nombre al edificio o decir que se capacita al personal. Hace falta una transformación real, de fondo, que ponga en el centro a quienes viven los procesos, no a quienes los administran.

Hoy, muchos tribunales están saturados. No porque la gente quiera pelear, sino porque el sistema no ofrece otras rutas. Hay caminos legales para resolver conflictos sin necesidad de juicio, como la mediación o los acuerdos reparatorios, pero casi no se usan. Pareciera que todo debe resolverse con largas audiencias y, muchas veces, con prisión preventiva, aunque la ley diga que esa medida debería ser excepcional. Y así, las cárceles se llenan, no siempre con culpables, sino con personas pobres, jóvenes, y muchas veces inocentes.

Además, hay una pregunta que duele: ¿realmente se respeta la presunción de inocencia en la Ciudad de México? En muchos casos, pareciera que primero se castiga y después se investiga. La prisión preventiva ha dejado de ser una herramienta de control temporal para convertirse en un castigo anticipado. Y eso no es justicia. Eso es miedo, es presión, es falta de rigor.

Lo que necesitamos es otra forma de entender el sistema penal. Una visión más humana, más crítica, más sensible. Juezas y jueces que no vean al acusado como un número, ni a la víctima como un trámite. Operadores del sistema que se capaciten constantemente, no solo para saber más derecho, sino para tratar mejor a las personas. La justicia no se mide solo en sentencias, también en el trato digno, en el lenguaje claro, en la voluntad de escuchar.

Por eso, esta elección judicial no debe ser un trámite más. Es una oportunidad para exigir un cambio de verdad. Para apoyar a quienes no solo tienen trayectoria, sino también compromiso con una justicia que sea cercana, comprensible y transformadora. No basta con saber mucho. Hay que saber escuchar, saber explicar y, sobre todo, saber decidir con ética.

La justicia penal con rostro humano no es una utopía. Es un derecho. Y está en nuestras manos acercarnos a ella con una elección consciente, informada y valiente.