UNA JUSTICIA CERCANA, ÉTICA Y CON SENTIDO HUMANO.

Por muchos años, hablar del sistema judicial en México parecía una conversación compleja. No solo en términos jurídicos, sino en algo aún más importante: emocionalmente distante de la vida cotidiana de las personas. Esa brecha entre las instituciones de justicia y la ciudadanía no puede continuar. Quienes estamos dentro del Poder Judicial lo sabemos y trabajamos a diario para acortarla.

Las y los juzgadores asumimos un compromiso firme con la sociedad: asegurar que todas las personas tengan acceso a la justicia y encontrar un proceso claro, digno y respetuoso. No se trata solo de aplicar la ley, sino de hacerlo con una visión humana, reconociendo que detrás de cada expediente hay historias, hay familias, hay vidas enteras que pueden cambiar por una decisión judicial.

En mis más de veintisiete años de servicio en el Poder Judicial, he visto cómo la Ciudad de México ha evolucionado en su forma de entender y garantizar los derechos. La creación de la Constitución local fue un paso histórico que no solo reconoció los derechos humanos como eje central, sino que los detalló de forma clara, cercana, sin dejar espacio a la ambigüedad. Este documento no es una promesa abstracta: es una carta de compromisos hacia las personas.

Uno de los avances más significativos ha sido la creación de la Sala Constitucional y de los Jueces de tutela de derechos humanos. Estas figuras no solo responden a los grandes desafíos jurídicos de nuestro tiempo, sino que acercan a la ciudadanía herramientas reales para proteger sus derechos. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que, si una ley resulta injusta, si una omisión legislativa afecta la vida de las personas, o si un derecho humano está en riesgo, existen nuevos canales para hacer valer lo justo. Esto no es solo un logro jurídico, es un triunfo ciudadano.

Pero más allá de la estructura legal, el verdadero cambio se construye desde el actuar diario de quienes operamos el sistema de justicia. En el Poder Judicial de la Ciudad de México contamos con un Código de Ética que no es un documento más: es una guía viva que nos recuerda que nuestra labor está sujeta a un estándar de conducta ejemplar. Porque servir a la justicia es, antes que nada, servir a la gente y con un actuar ético.

Es una gran responsabilidad que las resoluciones se ajusten a los principios que rigen el trabajo judicial: legalidad, imparcialidad, respeto a la dignidad humana. No hay espacio para el descuido ni para la indiferencia. Cada resolución debe reflejar no solo el conocimiento jurídico, sino también el compromiso ético con quienes esperan una respuesta justa.

Sé que aún hay retos enormes. La confianza ciudadana en las instituciones no se recupera con discursos, sino con hechos. Pero también sé que somos muchas y muchos dentro del Poder Judicial quienes trabajamos todos los días con honestidad y vocación para que la justicia deje de ser lejana y se convierta en parte de la vida diaria.

La justicia no se trata de papeles ni de códigos. Se trata de personas. Y en ese camino, quienes tenemos la responsabilidad de juzgar debemos recordar que la justicia no es un privilegio: es un derecho. El juzgador debe garantizar que las personas ejerzan su derecho con claridad, convicción y sin impedimento alguno.