UN TRIBUNAL QUE VIGILA A LA JUSTICIA: LA NUEVA CARA DEL CONTROL CIUDADANO.

La justicia también necesita ser vigilada. En un país donde por años se ha dudado de la imparcialidad, la honestidad o la eficiencia de algunas autoridades, avanzar hacia un sistema judicial más transparente no es una opción, es una necesidad. Y eso es precisamente lo que busca el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México: que el sistema que debe impartir justicia también rinda cuentas, también escuche a la ciudadanía y también se someta a las reglas.

Este nuevo tribunal, aprobado como parte de una importante reforma constitucional en diciembre de 2024, representa un cambio de fondo en cómo entendemos el poder judicial. Hasta hace poco, hablar de sancionar a un juez o magistrado era algo que sonaba distante, casi imposible. Hoy, en cambio, existe ya una estructura formal, con autonomía, diseñada específicamente para recibir quejas, investigar y, en su caso, sancionar conductas indebidas dentro del propio poder judicial capitalino.

¿Quiénes formarán este tribunal? Cinco personas electas directamente por la ciudadanía. Sí, por la gente. No por políticos, ni por grupos de poder, ni por cuotas partidistas. Tres mujeres y dos hombres que deberán demostrar honestidad, capacidad profesional y un historial limpio. Permanecerán seis años en el cargo, sin posibilidad de reelección. Ellas y ellos tendrán en sus manos la delicada, pero necesaria, tarea de juzgar a quienes juzgan.

Este paso no es menor. Significa que ahora cualquier persona podrá presentar una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial si considera que una jueza, juez, magistrada o magistrado cometió un acto indebido, ya sea administrativo o incluso penal. El tribunal tendrá la facultad de investigar de forma seria, pronta e imparcial. Y si encuentra elementos suficientes, podrá emitir sanciones claras: desde una amonestación hasta la destitución e inhabilitación de la persona involucrada. Incluso, si se detecta un delito, dará aviso al Ministerio Público.

Además, no se trata solo de castigar. Este tribunal también podrá evaluar el desempeño de los jueces y magistrados durante su primer año de funciones. Si una evaluación resulta insatisfactoria, tendrá la capacidad de ordenar medidas de mejora, emitir recomendaciones correctivas e incluso aplicar sanciones. De esta forma, se busca prevenir antes que corregir, y mantener un estándar alto de profesionalismo dentro del poder judicial.

Y lo más importante: todo esto se hará de manera abierta, objetiva y sin privilegios. Porque el mensaje es claro: ninguna persona, por más alta que sea su investidura, debe estar por encima de la ley ni del escrutinio público.

En un contexto donde los poderes públicos deben reconectar con la ciudadanía, este nuevo tribunal es un puente. Un espacio donde las personas podrán ser escuchadas si sienten que han sido tratadas con injusticia desde la propia justicia. Un contrapeso interno que, más allá del castigo, busca generar confianza, corregir fallas y dar lugar a una justicia verdaderamente imparcial.

Este modelo, pionero en México, invita a repensar el rol de la sociedad en la construcción del poder judicial. La elección popular de quienes lo integrarán abre una puerta histórica a la participación ciudadana directa. No será fácil, por supuesto. Se requerirá un electorado informado, atento, responsable. Pero el solo hecho de tener esa opción ya es un gran paso adelante.

Porque cuando las y los ciudadanos participan en la vigilancia de quienes imparten justicia, se fortalece la democracia. Se fortalece la transparencia. Y sobre todo, se fortalece la esperanza de vivir en un país donde las instituciones no solo existan, sino también se ganen el respeto y la confianza de su gente.