LA REFORMA ELECTORAL: BALANCEAR EL ÁRBITRO, LOS RECURSOS Y LA CONFIANZA CIUDADANA

POR: HELIOS RUÍZ (México)

Estamos en un momento decisivo para el sistema electoral en México. La iniciativa impulsada por Alfonso Ramírez Cuéllar, y el debate que se abre sobre la reforma al sistema electoral, al presupuestal de la autoridad, y al papel del Instituto Nacional Electoral (INE), reúne una tensión fundamental: ¿cómo hacer que la democracia cueste menos, tenga mayor eficiencia y siga siendo confiable? Como consultor en comunicación política, es claro que no se trata sólo de técnicos ni de cifras. Se trata de legitimidad, claridad de reglas y comunicación con la ciudadanía.

Veamos primero el contexto. Según un artículo reciente, el plan propuesto contempla una “superelección” en 2027, una jornada que incluiría elecciones federales, estatales, municipales, una consulta popular e incluso una revocación de mandato. Al mismo tiempo, se habla de un sistema electoral que cuesta alrededor de 20 mil millones de pesos anuales y la posibilidad de reducir su tamaño o modificar su alcance.

Ahí entra el riesgo: si cambiamos las reglas (cuándo y cómo se vota), reducimos recursos o debilita­mos la estructura de quien organiza las elecciones, podríamos afectar la confianza ciudadana en los resultados, el nivel de equidad entre partidos y la transparencia del proceso.

Para los gobernantes y políticos que desean comunicarse bien con la ciudadanía, aquí hay tres puntos críticos.

A. Transparencia en el rediseño de reglas.Cuando se anuncia una reforma electoral, es inevitable que parte de la población vea intereses particulares por detrás, ya sea de quienes gobiernan, de los partidos que dominan o de los que se sienten excluidos. La comunicación política eficaz requiere explicar con claridad:  ¿por qué se reforman las reglas?, ¿qué cambia para los ciudadanos?, ¿qué se conserva? Un discurso que se quede solo en “vamos a ahorrar recursos” o “vamos a mejorar la eficiencia” sin conectar con ciudadanos hará que las dudas crezcan. Este es un momento para garantizar que la autoridad electoral siga siendo autónoma, que los ajustes no debiliten su capacidad de organizar elecciones libres y equitativas.

B. Recursos adecuados y autonomía real del órgano electoral.El INE o cualquier autoridad electoral debe contar con presupuesto, estructura y condiciones para cumplir su función. Durante la revocación de 2022, por ejemplo, se registraron tensiones por insuficiencia presupuestal de la autoridad electoral. Si en la reforma se reduce de forma significativa el presupuesto o se debilita la estructura en nombre de la austeridad o la eficiencia, se corre el riesgo de que la organización de una gran elección, como la de 2027, pierda robustez.

C. Comunicación con la ciudadanía: más allá de los partidos.Al final, lo que legitima una elección no es sólo la ley, sino la percepción ciudadana de que fue justa, libre y creíble. Cuando las reglas cambian, cuando los recursos se ajustan, es vital hablar con la ciudadanía, explicar los cambios y demostrar que la integridad del proceso sigue ahí. Un gobernante que entienda esto sabrá que su discurso no debe enfocarse solo en “ganar” sino en que todos crean que se puede “ganar limpiamente”. Porque cuando la ciudadanía no cree en la limpieza del proceso, la legitimidad del resultado queda en entredicho.

Y hay una pregunta que debe ser central: ¿quién gana con la reforma y quién puede perder? Si los partidos dominantes la impulsan sin diálogo amplio, la oposición podrá argumentar que el árbitro se debilita. Si los recursos se recortan sin transparencia, podría decirse que “no hay condiciones” para que todos compitan igual. Y si los ciudadanos ven que el árbitro se vuelve más débil, la participación y la confianza podrían seguir cayendo, algo que ya vimos ocurre cuando la gente piensa que su voto no transforma.

Para cerrar: una reforma electoral, para que sea legítima, debe cumplir tres condiciones: i) que se hagan evidentes los fines ciudadanos y colectivos, no solo partidistas; ii) que se preserve la fortaleza y autonomía del organismo electoral; y iii) que se comunique de forma clara y abierta, de modo que la ciudadanía vea que no solo estamos reformando reglas, sino reforzando la democracia.

En resumen: si hoy los gobernantes desean dialogar de forma honesta con la ciudadanía, deben entender que no basta con cambiar el “cómo votamos” o “quién organiza las elecciones”. La conversación debe girar en torno a la credibilidad de la democracia, a la certeza de que, gane quien gane, el proceso fue justo. Y solo entonces podrán decir: “esto fue nuestra elección, vivimos nuestra democracia”. Si no, corren el riesgo de dejarla en buenos slogans, pero vacía de significado.