UN RITUAL SIN PÚBLICO

Por: Helios Ruíz (México)

Si un mensaje se produce todos los años, se paga con dinero público, ocupa auditorios, camiones, spots y horas de trabajo institucional, y aun así nadie lo espera, el problema no está en la audiencia. Está en el producto. El informe de labores es probablemente el ejercicio de comunicación más costoso y menos eficaz de la vida pública latinoamericana, y sobrevive intacto por una razón sencilla: nunca se diseñó para funcionar hacia afuera. Se diseñó para funcionar hacia adentro, y en eso sí funciona perfectamente.

Conviene recordar de dónde viene. En México, el 1 de septiembre fue durante casi nueve décadas el Día del Presidente, con calles cerradas, caravana oficial, discurso ante un Congreso que aplaudía y saludo desde el balcón a una multitud reunida en el Zócalo. La reforma constitucional de 2008 eliminó la obligación presidencial de asistir al Congreso y dejó como requisito únicamente la entrega del documento escrito. Se desmontó la ceremonia federal, pero no la lógica que la sostenía. Esa lógica bajó de piso y se instaló, sin un solo cambio, en gobiernos estatales y municipales, donde hoy se reproduce con una fidelidad que sería admirable si no fuera tan cara.

El vicio central es confundir un informe con un inventario. La inmensa mayoría de los informes son listas: obras entregadas, apoyos repartidos, consultas otorgadas, kilómetros construidos, empleos generados. Cientos de datos alineados uno tras otro, sin jerarquía, sin explicación y sin costo. Ninguna cifra viene acompañada de qué se sacrificó para conseguirla ni de qué se decidió no hacer. Un inventario informa sobre volumen; un relato informa sobre criterio. Y lo que la ciudadanía necesita saber no es cuánto se hizo, sino por qué se eligió eso y no otra cosa.

El segundo vicio es la ausencia de contradicción. El informe se pronuncia en un espacio donde nadie puede interrumpir, replicar ni exigir precisión. Es un monólogo con testigos seleccionados. Y un monólogo, por definición, no es rendición de cuentas: rendir cuentas implica someterse a preguntas que uno no formuló y que no puede anticipar. Sin esa exposición, lo que ocurre en el templete es una declaración unilateral de éxito, y las declaraciones unilaterales de éxito no obligan a nada ni prueban nada.

El tercer vicio, el más revelador, es la métrica. Los equipos de comunicación miden asistencia, cobertura, impactos, alcance en redes. Nadie mide comprensión. Nadie pregunta, tres días después, si una persona que no trabaja en el gobierno puede explicar con sus palabras qué dijo su autoridad. Si esa medición existiera, el resultado sería devastador, y por eso no existe. Se mide lo que confirma, no lo que corrige.

¿Se puede arreglar? Sí, y no requiere reformas constitucionales. Requiere decisiones que cualquier gobierno puede tomar mañana, si está dispuesto a pagar el precio político. La primera es empezar por lo que no se cumplió, en los primeros minutos y sin eufemismos, porque un gobierno que nombra sus fallas antes de que se las nombren gana autoridad sobre su propia narrativa. La segunda es traducir cada cifra relevante a una unidad de vida cotidiana: no kilómetros de red, sino minutos menos de traslado; no piezas de medicamento, sino la probabilidad concreta de que una receta se surta el mismo día. La tercera es someter el informe a preguntas abiertas, con personas que no fueron elegidas por el equipo, y transmitir esa parte completa. La cuarta es reducir drásticamente la duración y renunciar al acarreo, porque un auditorio lleno por obligación es la confesión más clara de que el mensaje no atrae por sí mismo.

Ninguna de estas decisiones es técnicamente difícil. Todas son políticamente incómodas, y esa es exactamente la razón por la que no se toman. El formato actual protege al funcionario de la única cosa que la rendición de cuentas debería garantizar: el riesgo de quedar mal en público.

Mientras eso no cambie, seguiremos viendo cada septiembre el mismo espectáculo. Un ritual sin público, sostenido con recursos de un público que no lo pidió. Y llamarle rendición de cuentas es, en el mejor de los casos, un abuso del idioma.