LA GRAN APUESTA DEL CALENDARIO ELECTORAL MEXICANO

POR: ROBERTO MURGUIA (México)

La iniciativa de reforma al Artículo 35 Constitucional no es solo un ajuste legal; es una audaz apuesta técnica y administrativa que busca reinventar la gestión de la democracia directa en México.

El objetivo central es la homologación de fechas para la Consulta Popular y la Revocación de Mandato con las jornadas electorales ordinarias, una jugada justificada en la bandera de la economía y la eficiencia en el uso del erario público.

El Canto de Sirena de la Economía

El argumento financiero es contundente, la reforma promete una masiva economía de escala. Se busca poner fin a la duplicidad de gastos esenciales, como la instalación de la infraestructura y la capacitación de funcionarios. Las cifras previas son elocuentes: la Consulta Popular de 2021 consumió 528 millones de pesos, y el ejercicio de Revocación de Mandato en 2022 disparó el gasto a 1,567 millones de pesos. Al concentrar estos ejercicios, el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá utilizar el 100% de la infraestructura de la jornada ordinaria, lo que implica instalar hasta 170 mil casillas, superando con creces las aproximadamente 57 mil que se instalaron en los ejercicios separados previos.

Para lograr esta fusión, se requiere una cirugía de precisión en el calendario legal. La Consulta Popular se movería de agosto al primer domingo de junio, y la Revocación de Mandato se alinearía con la elección intermedia de diputados federales. Este ajuste exige, además, modificar el plazo de solicitud de la Revocación: moviéndolo de los tres meses posteriores al tercer año a los seis meses previos. Este cambio es técnicamente indispensable para darle al INE el margen de tiempo necesario para organizar la logística del ejercicio antes de la nueva fecha clave de junio.

La Grieta Operativa y la Saturación Judicial

Sin embargo, esta concentración de la democracia en un solo día genera desafíos operativos y judiciales que podrían poner a prueba el sistema.

A pie de casilla, el riesgo es tangible, la concurrencia de múltiples ejercicios aumenta drásticamente la complejidad y el riesgo de errores en el llenado de actas y el conteo de votos por parte de los funcionarios. Un frente legal de alta complejidad es la fiscalización, dado que la ley prohíbe el uso de recursos públicos para la promoción de la Revocación, el INE enfrentará la dificultad técnica de separar y fiscalizar los gastos de las campañas ordinarias de cualquier promoción indirecta que pudiera beneficiar a los mecanismos de democracia directa.

El impacto más sensible se sentirá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Si bien el sistema de justicia electoral es una máquina de alta velocidad que opera con cuatro días para interponer impugnaciones y considera todos los días y horas como hábiles, la Sala Superior verá incrementado el volumen de asuntos que debe resolver simultáneamente (Revocación, Consulta y elecciones ordinarias). La presión será máxima. Esto demandará que los tribunales operen a su máxima capacidad de celeridad, con la posibilidad real de que las listas de asuntos de urgente resolución se publiquen con plazos más cortos.

La viabilidad final de esta ambiciosa reforma dependerá, en última instancia, del reloj legislativo. El Congreso de la Unión tiene la tarea de blindar el proceso realizando las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria en un plazo perentorio de 180 días, un verdadero reto para evitar que el sistema judicial y administrativo colapse ante la nueva carga de trabajo concurrente.

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