GOBERNAR ENTRE ESCOMBROS Y TRATADOS

Por: Helios Ruíz (México)

Hay semanas que definen un gobierno entero. La de Abelardo De la Espriella empezó con una promesa de ruptura y terminó con dos imágenes que conviene mirar juntas: un presidente recorriendo escombros en Quibdó, Pereira y Manizales, y un ministro de Defensa firmando en Panamá la incorporación de Colombia a una coalición militar diseñada en Washington. Ocurrieron en la misma semana, a menos de setenta y dos horas de distancia, y casi nadie las leyó como parte del mismo fenómeno. Deberíamos.

El sismo llegó el lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, y una magnitud de 7,4. Al cierre de la semana el balance superaba los doscientos ochenta muertos y el reporte oficial contabilizaba más de diez mil viviendas destruidas, sesenta y cinco mil averiadas, ciento veintisiete edificios colapsados y más de dos mil planteles educativos afectados. El gobierno declaró desastre nacional, decretó duelo, nombró un gerente para la reconstrucción del Chocó y anunció el llamado Fondo Milagro para canalizar recursos nacionales e internacionales. La agenda con la que el presidente pensaba inaugurar su mandato —instalar su despacho en La Guajira, firmar decretos de seguridad, mostrar presencia territorial— quedó suspendida.

Aquí está el primer punto que a los analistas de comunicación política nos obliga a ser honestos: la gestión de una catástrofe es, casi siempre, la mejor inversión de imagen que puede hacer un gobernante nuevo. No porque haya cinismo en ello, sino porque la tragedia produce un tipo de legitimidad que ninguna campaña compra. El presidente aparece coordinando, abrazando, informando cifras. La oposición calla por decencia. El país entero, aunque sea por unos días, mira en la misma dirección. De la Espriella recorrió cinco ciudades golpeadas en las primeras treinta y seis horas y sostuvo el relato de la emergencia desde el primer momento. Eso, como operación política, funciona.

Pero mientras el país miraba los escombros, el miércoles 12 su ministro de Defensa firmaba en Ciudad de Panamá la adhesión de Colombia como miembro número diecinueve de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, y el secretario de Guerra estadounidense anunciaba que el presidente colombiano ya había solicitado formalmente autorizar operaciones militares conjuntas para destruir a los "narcoterroristas" y sus redes. Washington acompañó el gesto con mil millones de dólares en asistencia de seguridad. Y en el mismo encuentro, el funcionario estadounidense pidió a los socios regionales abandonar la Corte Penal Internacional por considerarla un peligro para la soberanía.

Piénselo un momento. Una decisión que en cualquier circunstancia normal habría exigido semanas de debate parlamentario, audiencias, pronunciamientos de la Cancillería y una discusión pública sobre qué significa exactamente autorizar operaciones militares extranjeras en territorio propio, se resolvió en una firma, en otro país, mientras la conversación nacional estaba ocupada en contar cadáveres. Un exgobernador de Nariño alcanzó a decir "vendepatria" y poco más. No hubo debate porque no había espacio para el debate. La emergencia se lo había comido todo.

No estoy sugiriendo un cálculo maquiavélico. Sugiero algo más incómodo y más frecuente: que las catástrofes funcionan como aceleradores. Concentran la atención pública en un solo punto y liberan el resto del tablero. Un gobierno que llega con prisa y con mandato de ruptura encuentra en la emergencia un permiso tácito para decidir sin deliberar. La velocidad, que en la atención humanitaria es virtud, en las decisiones de soberanía es un riesgo.

Y hay un costo que ya se está calculando. Los analistas advierten que la reconstrucción pone en riesgo una de las promesas centrales con las que el presidente asumió: reducir el déficit y sanear las cuentas públicas. Un gobierno que prometió austeridad tendrá que gastar. Un gobierno que prometió soberanía frente al desorden interno acaba de compartir capacidad militar con una potencia extranjera. Ninguna de las dos cosas es indefendible; ambas merecían discutirse.

Mientras tanto, en Buenaventura y en Quibdó —territorios del Pacífico donde viven poblaciones afro e indígenas históricamente excluidas— fueron los propios vecinos quienes lideraron la búsqueda entre los escombros, y algunos denunciaron que la respuesta oficial no llegó con la misma intensidad que a otras ciudades. Esa es la prueba real de un gobierno: no lo que anuncia en rueda de prensa, sino dónde llega primero.

La pregunta que dejo abierta no es sobre Colombia. Es sobre nosotros, los que analizamos y los que votamos en toda América Latina. Cuando un país está de duelo, ¿quién vigila lo que se firma?