CUANDO EL CANAL SE SATURA, EL MENSAJE MUERE

Por Helios Ruíz (México)

Hay una ley no escrita que cualquier consultor de comunicación política conoce desde el primer día de trabajo: cuando todo grita al mismo tiempo, nadie escucha nada. No es una metáfora. Es una descripción técnica de cómo funciona la atención humana, y México la comprobó con datos duros el 1 de junio de 2025, cuando realizó la primera elección judicial de su historia moderna y apenas uno de cada diez ciudadanos convocados fue a votar, registrando la participación más baja en treinta años. El experimento fue audaz, pero los resultados fueron un espejo incómodo.

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes de mover la siguiente elección judicial al 4 de junio de 2028, separándola del saturado ciclo electoral de 2027, es una decisión que merece leerse más allá del comunicado oficial. No como un gesto de buena fe institucional ni como una maniobra política menor, sino como lo que realmente es: el reconocimiento tardío, pero necesario, de que el diseño original tenía un problema estructural de comunicación que nadie quiso ver a tiempo.

En 2027 México tendrá elecciones en 17 estados, renovación de la Cámara de Diputados, presidentes municipales en cientos de ayuntamientos y congresos locales en la mayoría de las entidades. Es, por definición, uno de los ciclos electorales más cargados de la historia reciente del país. La política partidista no solo dominaría el espacio mediático, sino que lo colonizaría por completo: espectaculares, spots, mítines, debates, escándalos, movilización de bases. En ese contexto, pedirle a un ciudadano que también elija a sus magistrados y jueces de distrito no es solo un problema logístico, es pedirle que lea con concentración en medio de un estadio lleno. La necesidad de instalar casillas tradicionales y casillas seccionales (una para elecciones políticas, otra para las judiciales) no solo duplica el esfuerzo de los funcionarios electorales, sino que aumenta exponencialmente el riesgo de errores en la integración de los paquetes, el conteo de votos y la transmisión de resultados. Y eso ya pasó. Hay registro.

Lo que ocurrió en Veracruz y Durango en 2025 no fue un accidente aislado. Fue una demostración en tiempo real de lo que pasa cuando dos lógicas electorales incompatibles se fuerzan a convivir en el mismo espacio. En Durango, tanto en la capital como en Gómez Palacio, varias casillas experimentaron retrasos por la confusión en la clasificación de boletas, especialmente entre las elecciones judiciales y las municipales. En Veracruz, los observadores reportaron la ausencia total de funcionarios en al menos doce casillas entre las ocho y las nueve y media de la mañana. Y el dato que más debería incomodar a quienes diseñaron ese proceso es este: aunque la participación ciudadana en las elecciones judiciales en ambas entidades fue mayor que la media nacional por la concurrencia con comicios locales, en comparación con las elecciones municipales fue más de un 50% más baja. La gente fue a votar por su presidente municipal. Muchos simplemente no llegaron a la otra casilla. No porque no quisieran. Porque el sistema les puso un obstáculo adicional en el camino y nadie se los explicó bien.

Esto tiene un nombre en comunicación política: fractura de canal. Cuando el mensaje llega al receptor fragmentado, incompleto o compitiendo con otro mensaje más poderoso, no se procesa. Se ignora. Y una elección ignorada no es una elección fallida por razones técnicas, es una elección fallida por razones comunicacionales. La diferencia importa porque el problema no lo resuelven más casillas, ni más presupuesto al INE, ni mejor logística. Lo resuelve el diseño del proceso y la capacidad de darle a cada decisión ciudadana el espacio que merece.

Mover la elección judicial a 2028 le da a este proceso algo que no tuvo en 2025: una narrativa propia. Una jornada donde el único protagonista sea la ciudadanía eligiendo a quienes van a impartir justicia, sin competir por un segundo de atención en los noticieros con gobernadores, diputados y presidentes municipales. La reducción de candidatos a dos por distrito y por especialidad es también una decisión de comunicación: menos opciones en la boleta significa más posibilidad real de que el ciudadano conozca a quién está eligiendo. Pero aquí es donde hay que ser honestos sobre lo que el calendario por sí solo no puede resolver. Si en 2028 se llega a la jornada electoral sin una campaña informativa sostenida, sin que la ciudadanía sepa con suficiente anticipación quiénes son los candidatos, qué los califica y por qué su voto importa, el silencio del domingo no servirá de nada. El problema de 2025 no fue solo que había mucho ruido. Fue que, incluso sin él, la mayoría de los mexicanos no sabía nada de las personas a quienes se les pedía que eligieran para juzgarlos.

El calendario se puede cambiar con una reforma constitucional. La cultura cívica alrededor de la justicia se construye de otra manera, con tiempo, con pedagogía y con voluntad política de invertir en ella. México tiene dos años para demostrar que esta vez el diseño del proceso va más allá de la fecha. La pregunta incómoda que nadie ha contestado todavía es si alguien dentro del gobierno ya está pensando en eso, o si la decisión de mover el calendario es, en el fondo, la más fácil de tomar y la que menos compromete para el futuro.