MÉXICO.-
La reciente iniciativa legislativa presentada por la Secretaría de Gobernación ante la Cámara de Senadores de México marca el inicio de una transformación significativa en el marco legal del país en materia de transparencia y protección de datos personales. Este ambicioso proyecto propone la creación de nuevas leyes federales que redefinirán la gestión de la información pública y los datos personales, con el objetivo de adaptarse a las exigencias de una sociedad en constante evolución.
Uno de los cambios más controversiales en esta propuesta es la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta entidad, símbolo de la defensa del derecho de acceso a la información, cesaría sus actividades como organismo autónomo, transfiriendo sus funciones a la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta medida busca integrar y fortalecer las acciones en pro de la transparencia y la rendición de cuentas dentro del gobierno mexicano.
Destacan entre los lineamientos de la iniciativa la creación de una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, destinada a garantizar de manera más efectiva el derecho de los ciudadanos a acceder a la información generada por el gobierno. La propuesta establece un marco legal que promueve un ejecutivo más abierto y responsable.
Adicionalmente, se plantea la implementación de una nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esta legislación regulará el tratamiento de los datos personales por parte de las instituciones públicas, asegurando el respeto a los derechos de los ciudadanos en el manejo de su información privada. Complementaria a esta ley, se propone una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, definiendo claramente los derechos y obligaciones que tanto individuos como entidades privadas deberán observar en relación al tratamiento de datos personales.
Las reformas también contemplan modificaciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, otorgando a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno competencias ampliadas en las áreas de transparencia y protección de datos. Este rediseño busca fomentar una gestión más coherente y coordinada en la implementación de políticas públicas que abordan estos cruciales temas.
El proceso de transferencia de funciones y recursos del INAI a las nuevas autoridades competentes también es parte integral de la propuesta, garantizando que la transición se efectúe sin interrupciones en los servicios brindados a la ciudadanía.
Sin embargo, la eliminación del INAI ha suscitado preocupación entre defensores de los derechos de acceso a la información. La independencia de un organismo dedicado a garantizar este derecho podría verse comprometida al ser absorbido por una secretaría que, aunque relevante, podría no mantener el mismo nivel de neutralidad.
Asimismo, la concentración de funciones en una única entidad podría generar una falta de control y equilibrio, incrementando el riesgo de abusos de poder y decisiones opacas. La implementación efectiva de estas reformas también se verá enfrentada a retos como la escasez de recursos, la necesidad de capacitación adecuada y la resistencia institucional.
Es importante señalar que, durante el periodo de transición que acompañará la creación de estas nuevas leyes, los derechos y protecciones podrían no estar claramente definidos, lo que podría dejar a los ciudadanos en una posición vulnerable. La percepción de que estas reformas son más una estrategia política que un verdadero compromiso con la transparencia podría, además, generar desconfianza hacia el gobierno entre los diferentes sectores de la ciudadanía.
En conclusión, las reformas en materia de transparencia y protección de datos propuestas en México representan un intento significativo por parte del gobierno para establecer un marco legal más robusto. No obstante, estos cambios traen consigo riesgos que deben ser cuidadosamente gestionados. La clave radicará en implementar estas reformas de manera transparente y responsable, asegurando que, al final del proceso, los beneficiarios sean los ciudadanos de México.
POR: ROBERTO MURGUIA (México)
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