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Ni corrupto, ni ladrón: sigue la corrupción en Guatemala


Si muchas empresas importantes se ponen exquisitas al momento de escoger al Chief Executive Officer (CEO) de la compañía y determinar perfiles para este cargo, cuánto más podría exigir un pueblo sobre el perfil del candidato que aspira la presidencia de un país. ¿Qué requisitos debería reunir? ¿Basta con un rostro amigable y carismático? “¿Los pueblos tienen el gobierno que se merecen?”, como dijo el italiano José de Maistre (1753 1821), o más bien “no es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen”, dicho por el francés André Malraux en el siglo XX.


En una democracia cada pueblo elige a los gobernantes que desea y si en Guatemala hemos tenido a Alfonso Portillo (2000-2004) o a Otto Pérez Molina (2012-2015) ambos enviados a prisión por corrupción es porque fueron escogidos por la mayoría de guatemaltecos para gobernar al país. No han sido los únicos candidatos que han cometido delitos en contra del Estado pero, hasta ahora, son los que han sido procesados. En el caso de Pérez Molina el proceso judicial aún está en marcha, mientras que Portillo salió libre luego de haber sido extraditado a los Estados Unidos.


Para las elecciones presidenciales de 2015 los guatemaltecos estábamos cansados de los ‘mismos candidatos que corrían casi siempre’. Y la gota que derramó el vaso fue la denuncia pública de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) órgano de las Naciones Unidas que apoya al Ministerio público en la investigación de los delitos- acerca del involucramiento del expresidente Pérez y de la exvicepresidenta Baldetti, como cabecillas del grupo criminal que llevó a cabo defraudación aduanera por millones de dólares y la detención de otros funcionarios señalados también de corrupción.


Entre la casualidad y la estrategia política, aprovechando el ‘momentum’ guatemalteco, hartos de los políticos tradicionales, en las elecciones de 2015 se escogió a un ‘outsider’, Jimmy Morales, del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), sin antecedentes políticos ni de corrupción sino más bien con una hoja de vida de actor cómico. Su slogan fue “ni corrupto, ni ladrón”.


Los asesores de Morales supieron aprovechar su carisma y su popularidad de actor para presentarlo como la alternativa entre los políticos tradicionales. Iniciaba sus discursos de campaña haciendo reír a sus seguidores, haciéndoles recordar algunas bromas de su programa, “Nito y Neto”. Incluso se lo recuerda porque filmó la película llamada “Un presidente de a sombrero”, que fue producida, dirigida y actuada por Jimmy, y su hermano Sammy en 2007.


Morales centró su campaña en mostrarse como un candidato diferente, desligado de la desgastada clase política. En agosto de 2016, nuestro presidente Morales fue acusado por la CICIG de financiamiento ilícito en la campaña electoral, pero el Congreso no avaló quitarle el antejuicio o desafuero. Además de esto, actualmente, su hermano y su hijo también están siendo procesados por colaborar en una compra ilícita en el Registro de la Propiedad, caso que también fue develado por el órgano de las Naciones Unidas.

Esta, y otras razones, motivaron al Presidente a que en la madrugada del domingo 27 de agosto en un video difundido en Twitter, declarara persona no grata al Jefe de la CICIG, al colombiano Iván Velásquez. Además en el video le daba un plazo al Comisionado para salir del país. Esta noticia, caída como un balde de agua fría tempranero, nos dio a entender que Morales estaba en contra de las investigaciones de Velásquez, no solo sobre él y su familia, sino también sobre otras denuncias de corrupción de políticos y empresarios.


En resumen, el Presidente nos dio el mensaje de estar en oposición de la lucha contra la corrupción, decepcionando a los guatemaltecos que confiaron en que Morales, a pesar de su falta de brillantez política, por lo menos era consecuente con su promesa de campaña.

Ese mismo domingo, la Corte de Constitucionalidad declaró que la decisión del Presidente no procedía, más que por la intención del documento oficial, por errores en fechas y firmas.

Sin embargo, la denuncia de financiamiento ilícito del partido FCN que había llevado a Morales a la presidencia, seguía en pie, pero para que el Ministerio Público pudiera realizar las investigaciones el Presidente debía ser desaforado.


La solicitud de antejuicio —protección a funcionarios para no realizar ningún proceso judicial— se elevó al Congreso de la República, este año el 11 septiembre, y 104 diputados de 158, votaron para que el presidente no perdiera su inmunidad, por lo que no podrá ser investigado por financiamiento irregular que habría recibido el partido FCN cuando Morales era secretario general y candidato a la presidencia.


En consecuencia de estos hechos prima la desconfianza en la población de su mandatario y la duda, no comprobada, de que también es corrupto, como los ‘mismos de siempre que llegan al poder’. El desafuero hubiese sido una gran oportunidad para comprobar su inocencia y fortalecer su figura de no ser “ni corrupto, ni ladrón”. Hoy queda la duda y el escepticismo en los ciudadanos.


POR: CLAUDIA FLORES – CONSULTORA POLÍTICA Y ESPECIALISTA EN ASESORAMIENTO DE IMAGEN (Guatemala)
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