Tras 64 años de que fue permitido el voto de la mujer en México, más del 52% de sus votantes son mujeres y actualmente el país se encuentra inmerso en un proceso electoral histórico en el que por primera vez contenderán en porcentajes iguales hombres y mujeres por los 3.447 cargos de elección popular, pero ¿qué tanto se ha avanzado en cuanto a los espacios de la política para las mujeres?, ¿qué falta por hacer?, ¿hay respeto pleno por los derechos político electorales?, las interrogantes son muchas y la discusión en torno a las respuestas también.
Al igual que en el resto de Latinoamérica, México atraviesa por un proceso de transformación en aras de encontrar las políticas públicas adecuadas que se traduzcan en una verdadera paridad, sin embargo, la realidad muestra un escenario hostil en el que las mujeres enfrentan a diario resistencia, machismo y violencia política.
Como prueba de ello quedan de manifiesto diversos sucesos que encendieron las alertas de las instituciones públicas y organismos de derechos humanos al registrarse los asesinatos de Antonia Díaz Jaimes y Dulce Rebaja Pedro, precandidatas a diputadas locales por el Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional respectivamente en el distrito 25 del estado de Guerrero.
Además, la obligatoriedad de los partidos de postular al 50% de las mujeres en los cargos ha evidenciado la falta de preparación de sus cuadros hacia las mujeres y ha ́sacrificado ́ a muchas, postulándolas para cargos donde notoriamente sus partidos están en desventaja.
Esa llamada ‘cuota de género’ ha sido tela de discusión de distintos actores políticos sobre su efectividad o no, sin embargo, sin esta, el nuevo mapa de posiciones femeninas que se vislumbra para después de la jornada electoral del 1 de julio, sería totalmente distinto.
La escena política mexicana aún se encuentra limitada para las mujeres y es así que en la conformación de la Cámara de Diputados participan un 42.6% (de 500); en la del Senado el 38.2% (de 128); de 32 gobernadores del país solo la representante de Sonora con Claudia Pavlovich es mujer y en las presidencias municipales, la cifra apenas y supera el 15% (de 2.461).
Estas cifras no pueden entenderse en un país en donde las mujeres son las que votan más, como en la elección de 2012 en la que la participación femenina fue superior al 66% del total de los sufragios.
La participación de las mujeres en la política es fundamental no solamente porque se trata de un derecho que por justicia corresponderle, sino porque además se ha demostrado que cuando forman parte de las tomas de decisiones más importantes los procesos mejoran y hay mayor armonía social.
México ha generado la percepción de que es uno de los países latinoamericanos con mayor crecimiento en su democracia, sin embargo, a diferencia de muchos de sus vecinos, hasta ahora no ha tenido una mujer al frente de la Presidencia de la República. En su historia han contendido seis mujeres por el cargo, Margarita Zavala que se ha convertido en la séptima candidata a dicha posición, en el actual período electoral.
Asimismo, en su historia México solo ha tenido siete mujeres al frente de gobiernos estatales: Griselda Álvarez Ponce de León en Colima en 1979; Beatriz Paredes Rangel en Tlaxcala en 1987; Dulce María Sauri Rianchi en Yucatán en 1991; Rosario Robles Berlanga en Zacatecas en 1999; Amalia García Medina en Zacatecas en 2004; Ivonne Ortega Pacheco en Yucatán en 2007 y Claudia Pavlovich, actualmente gobernadora de Sonora.
¿Se ha avanzado? Sin duda las mujeres han ganado muchos espacios en la política y de alguna manera la lucha de muchas de ellas, y desde luego las cuotas de género han ayudado.
¿Qué falta por hacer? Mucho, no obstante falta mayor compromiso por parte de las autoridades para implementar los marcos normativos necesarios que fortalezcan la paridad no solo en la política sino en todos los ámbitos, como por ejemplo en el tema de salarios equitativos.
¿Hay respetos plenos a los derechos políticos electorales? Desde luego que no y basta con poner de ejemplo que hay mujeres a las que se les discrimina y se las sitúa en cargos menores pese a demostrar capacidad.
La lucha por la igualdad de derechos debe ser más que una discusión sujeta a una fecha conmemorativa, como lo es el 8 de marzo; tiene que ubicarse más allá de los discursos, debe colocarse en la agenda permanente de todos los países para pugnar por políticas públicas que en verdad lleven a garantizar la paridad y el cuidado por el género, que cada vez se siente más vulnerado.
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