
MÉXICO.-
El inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de México coincide con un desafío que podría definir su mandato: la gestión de las deportaciones masivas desde Estados Unidos. Con la llegada de Donald Trump a un segundo periodo presidencial, las políticas migratorias se endurecen nuevamente, poniendo a prueba la capacidad de respuesta del gobierno mexicano frente a una crisis humanitaria de proporciones significativas y de gran relevancia.
Uno de los retos principales para Sheinbaum será articular una estrategia que equilibre las demandas de su política interna con las presiones externas provenientes de Washington; la llegada de miles de migrantes deportados no solo representa un reto humanitario y logístico, sino también un dilema político que pone en el centro de la atención el cómo garantizar la integración social y económica de estas personas en un país que ya enfrenta desigualdades estructurales y limitaciones presupuestarias.
En el ámbito internacional, la presidenta deberá redefinir la relación bilateral con Estados Unidos para evitar que las deportaciones masivas se conviertan en un factor de tensión permanente y en un instrumento de control que permee la economía de nuestro pais a travéz de aranceles. Esto implicará una diplomacia firme pero pragmática, orientada a proteger los derechos de los mexicanos en el extranjero y garantizar condiciones dignas y seguras para quienes regresan, además, México podría aprovechar su liderazgo en América Latina generando una oportunidad que permita promover y abanderar una estrategia regional conjunta que aborde las causas profundas de la migración forzada, como la violencia y la falta de oportunidades en Centroamérica.
El reto también incluye atender los posibles brotes de xenofobia y discriminación hacia los migrantes retornados, así como asegurar su acceso a servicios básicos, educación y empleo, en este sentido, el éxito de la administración de la presidenta Sheinbaum dependerá de su capacidad para coordinar esfuerzos con los gobiernos estatales y municipales, así como con organizaciones de la sociedad civil que ya trabajan en la atención a migrantes.
Finalmente, este escenario presenta una oportunidad para que el gobierno de Sheinbaum demuestre su compromiso con los derechos humanos y la justicia social; si logra transformar este desafío en una oportunidad para fortalecer el tejido social y proyectar a México como un referente en la defensa de los migrantes, podría consolidar su liderazgo tanto a nivel nacional como internacional, sin embargo el costo de la inacción o de decisiones mal implementadas podría ser alto, exacerbando la desigualdad y la tensión social en un momento crucial para el país.
POR: SERGIO GÓMEZ (México)
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